Barbosa Huerta propone indulto a presos políticos, mujeres y adultos mayores

El gobernador Miguel Barbosa envió una iniciativa del ley para modificar el artículo 122 del Código Penal del estado y fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, donde se espera que sea aprobada y después presentada al Pleno. JAFET MOZ

La coordinadora de la bancada del PES, Nora Merino Escamilla, informó que la reforma presentada ante la Comisión Permanente plantea que las causales del perdón incrementen de tres a siete .

Por: Mario Galeana

El gobernador Miguel Barbosa Huerta propuso una reforma al Código Penal para ampliar las causales de indulto y así ordenar la preliberación de presos políticos, mujeres con sentencias menores a cinco años —en donde se incluyen aquellas que han sido criminalizadas por interrumpir su embarazo—, enfermos terminales, adultos mayores e indígenas.

La iniciativa de ley modifica el artículo 122 del Código Penal del estado, que hasta hoy sólo contempla tres condiciones para que el gobernador conceda, “discrecionalmente”, un indulto.

Éstas consisten en que las personas apresadas hayan prestado “importantes servicios” al país o al estado, o que “por razones humanitarias o sociales” pueda obtener una preliberación, además de que el delito por el cual fue condenado no haya sido grave.

La reforma presentada ayer ante la Comisión Permanente plantea que las causales de indulto se incrementen de tres a siete, de acuerdo con la coordinadora de la bancada del PES, Nora Merino Escamilla.

“El indulto se ofrecería a presos políticos, a indígenas apresados cuyos derechos fueron violados, a adultos mayores de 70 años que hayan cumplido una cuarta parte de su condena y a mujeres presas por condenas menores a cinco años”, detalló.

La secretaria de la Mesa Directiva explicó que, según un informe preliminar, se tiene registro de entre 70 y 100 personas que fueron sentenciadas por “motivos políticos”.

Sin embargo, evitó abundar sobre el número de personas que podrían ser indultadas con la reforma al Código Penal propuesta por el gobernador, la cual fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, donde se espera que sea aprobada y, más tarde, presentada al Pleno.

La diputada local explicó que, una vez que la iniciativa de ley sea aprobada, representantes jurídicos del gobierno del estado y del Poder Judicial analizarán solicitudes de personas que deseen obtener este indulto.

En el caso de adultos mayores o enfermos terminales, la preliberación dependerá del delito por el cual hayan sido sentenciados, así como otros aspectos contemplados en el Código Penal.

UN INDULTO PARA LAS MUJERES

El perdón también está dirigido a mujeres que hayan sido encarceladas por interrumpir su embarazo, un compromiso que Barbosa Huerta signó en un foro realizado en el Senado de la República por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

“He firmado un decreto para iniciar desde los procedimientos legales la preliberación o el indulto de quien esté detenida, de las mujeres que estén detenidas por el tema del aborto e incluiremos la petición que se refiere a la posesión de drogas”, pronunció el mandatario durante la firma del compromiso, el pasado 9 de agosto.

El número de mujeres procesadas por aborto que podrían recuperar su libertad con la ampliación del indulto no se encuentra plenamente determinado.

La complejidad para enumerar los casos se debe a que las cifras oficiales de las detenidas por interrumpir su embarazo no distinguen si esto se realizó por voluntad propia o si se trató de un aborto inducido.

Cifras obtenidas a través de transparencia por las organizaciones que integran la campaña Aborto Legal en Puebla señalan que, de acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), se han dictado 11 sentencias condenatorias contra mujeres desde 2009 a 2017.

Otras mujeres cuyo embarazo ha sido interrumpido —voluntariamente y de manera accidental— han sido acusadas por delito en razón de parentesco. De 2007 a 2016, seis mujeres se encontraban en prisión definitiva por este delito, según el informe La criminalización del aborto en México, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).